Reunión interinstitucional en el Congreso local
Las comisiones legislativas de Desarrollo Rural y Ganadería, así como la de Justicia, organizaron un encuentro en el Congreso estatal para revisar modificaciones al Código Penal y a la Ley de Ganadería. El objetivo principal es salvaguardar el estatus sanitario regional mediante la incorporación de nuevas conductas punibles, incluyendo la manipulación de información sobre la ubicación de ganado.
Karla Isabel Carmona Espinoza detalló que durante el análisis de las reformas, los legisladores instruyeron a los participantes a presentar sugerencias sobre actividades que deban considerarse ilícitas, con el fin de valorar su inclusión en el documento final.
Propuestas técnicas y sanciones
Jesús Armando Reta Mar, representante federal de Planeación y Desarrollo Rural, recomendó reconocer oficialmente al Comité de Origen y Trazabilidad, organismo que ha aplicado suspensiones a profesionales que han violado normas sanitarias, comprometiendo el estatus sanitario del territorio.
Se plantea penalizar el uso indebido de sistemas de trazabilidad, ya sean públicos o privados, que puedan afectar la certificación sanitaria. También se contempla sancionar la manipulación de identificadores SIINIGA y la alteración de datos esenciales de los animales, como su género, raza y edad, para registros oficiales. Otra conducta punible sería la creación artificial de hatos ganaderos para obtener beneficios económicos ilícitos, particularmente con animales provenientes de zonas no certificadas para exportación.
Consecuencias legales y evaluación jurídica
En situaciones donde el ganado esté relacionado con actividades ilegales, se propone marcarlos con el Código Nacional para su identificación.
Las sugerencias serán estudiadas por el equipo jurídico de los legisladores para decidir su incorporación al dictamen o si requieren un tratamiento especial.
La iniciativa 635, impulsada por el diputado Arturo Medina (PRI), busca modificar artículos del Código Penal y la Ley de Ganadería para reforzar las políticas que preserven el estatus sanitario del Estado y sancionar acciones que lo pongan en peligro.
Entre las penas propuestas se encuentran 4 a 8 años de prisión para quienes comprometan el estatus sanitario del territorio. También se considera la suspensión de licencias profesionales o comerciales por un periodo igual a la condena, si el delito se cometió durante el ejercicio de dichas actividades.
En casos donde la intención sea exportar ganado, la pena aumentaría a 7 años y medio hasta 10 años de cárcel, junto con una multa equivalente a entre 7,000 y 15,000 días de salario mínimo.