El Consejo General del INE llevó a cabo el análisis final sobre la idoneidad de los candidatos electos para magistraturas de circuito, concluyendo que 25 de ellos no reúnen los requisitos mínimos establecidos. Estos individuos, que obtuvieron victorias en sus respectivas contiendas, no alcanzaron el promedio requerido en sus estudios universitarios o especialidades, lo que obligará a nuevas elecciones para estos cargos en el año 2027.

Excepción en medio de las declaraciones de inelegibilidad

Entre los casos analizados, se confirmó que Eden Wynter Meillón Walter, magistrado actual del Circuito 12, distrito 02 especializado en asuntos Civiles, mantendrá su posición. Este individuo, quien compitió bajo el respaldo del Poder Judicial, fue reconocido públicamente por la consejera presidenta Guadalupe Taddei como inelegible durante la sesión del miércoles 18, pero asumirá igualmente el cargo.

Metodología aplicada en la evaluación

El instituto electoral implementó el procedimiento anticipado por este medio, priorizando el resguardo establecido mediante la reforma judicial para quienes ya desempeñaban funciones públicas al momento de su candidatura. Esta protección impidió someter a nueva revisión a ciertos aspirantes, permitiéndoles conservar sus puestos sin someterse a los recientes criterios de selección del Poder Judicial.

Casos específicos de no validación

Además de los ya mencionados públicamente por la consejera Carla Humphrey, se identificaron tres casos adicionales donde no se cumplió con el promedio mínimo de ocho puntos en la licenciatura sin alcanzar al menos nueve en la especialidad. Entre ellos figuran: María Concepción Castro Martínez del Circuito 9, Distrito 1, especialidad Mixto; Arturo Manuel Fernández Abundis del Circuito 12, Distrito 2, Especialidad Penal y Tomás Enrique Sánchez Silva del Circuito 1, Distrito 5 especialidad Administrativa.

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“Milenio confirmó que el caso de Eden Wynter Meillón Walter magistrado en funciones del Circuito 12, distrito 02 en materia Civil que compitió también como candidato del Poder Judicial, y que fue el único reconocido por la consejera presidenta Guadalupe Taddei el pasado miércoles 18 como inelegible, sí asumirá el cargo.”

Operativo descubre chofer con alto nivel de alcohol

En el marco del operativo Pasajero Seguro implementado por autoridades de Toluca, un conductor de autobús fue aprehendido por manejar bajo efectos del alcohol. Los resultados arrojaron 2.8 miligramos de alcohol por litro de aire espirado durante la prueba realizada en la colonia Santa María de las Rosas.

Detalles de la infracción

El arresto se produjo cuando el chofer transitaba con su unidad hacia la zona norte del municipio. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito del Estado de México, está prohibido operar vehículos con cualquier rastro de alcohol en el organismo, especialmente en el caso de transportistas públicos. El individuo fue presentado ante el Juez Cívico correspondiente.

Revisión general del transporte

• Además del conductor alcoholizado, se aplicaron ocho infracciones más
• 7 autobuses fueron multados por carecer de documentación completa
• Un taxi fue llevado al corralón por carecer de seguro vigente

Medidas preventivas continuas

Funcionarios locales anunciaron que las inspecciones se realizarán de manera constante y aleatoria con el objetivo de salvaguardar la integridad de los pasajeros y verificar el cumplimiento de la normativa vigente por parte de los operadores de transporte.

“Los operativos se mantendrán de manera aleatoria y constante como una medida preventiva para garantizar la seguridad de los pasajeros”

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Legislador ligado a empresas con contratos públicos durante sexenio de López Obrador

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, Arturo Ávila Anaya, vocero del grupo parlamentario de Morena, mantuvo vinculación con empresas que obtuvieron contratos gubernamentales, según reveló una investigación periodística.

La investigación indica que IBN, empresa del político, recibió un contrato en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para servicios de seguridad y vigilancia, contrato que se mantuvo hasta agosto de 2022. Los acuerdos fueron firmados directamente por Ávila Anaya en su calidad de administrador único de la empresa.

Contratos con Pemex y Segalmex en el centro de las acusaciones

Otra dependencia señalada es Petróleos Mexicanos (Pemex), que otorgó dos contratos a empresas vinculadas al legislador. El primero, en marzo de 2021, consistió en el arrendamiento de camionetas blindadas, contrato que fue suscrito por la hermana de Ávila como representante legal de IBN. El segundo contrato, adjudicado por la inexistencia de alternativas en el mercado, tuvo una vigencia durante 2021 y 2022 por un monto de 13,780,000 pesos.

La polémica se intensifica con la participación de tres empresas relacionadas con el legislador y su familia en un proceso de contratación de Liconsa, entidad perteneciente a Segalmex. Las empresas IBN Industrias Militares, Share y Asociados, y Blindajes Urbanos presentaron propuestas para obtener un contrato de mantenimiento integral de energía y ventilación, pese a que su área de especialización es la seguridad, lo que ha sido calificado como una “simulación de competencia” por la organización investigadora.

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Acusaciones de irregularidades y sanciones por incumplimientos contractuales

IBN ha enfrentado múltiples acusaciones de irregularidades e incumplimientos contractuales. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías en contratos con Pemex. Además, la Secretaría de la Función Pública emitió una circular en marzo de 2021 donde se informaba que IBN Industrias Militares había sido inhabilitada por dos años para contratar con dependencias gubernamentales.

La investigación también señala que Blindajes Urbanos, empresa fundada por el padre de Ávila, celebró aproximadamente 13 contratos con gobiernos estatales y municipales entre 2020 y 2024 por un total de 72.7 millones de pesos. Destacan los contratos con Zacatecas y Michoacán, entidades gobernadas por representantes del partido Morena.

Respuesta del legislador a las acusaciones

Ante las revelaciones, Ávila Anaya manifestó que “un diputado que no conozco” lo acusó de comercializar sistemas de espionaje, asegurando que nunca ha vendido tales equipos y que su familia se dedica únicamente a la seguridad.

“Lo único que vendí fueron sistemas de protección para soldados y para ejércitos, nada más”

, afirmó el legislador sin proporcionar detalles adicionales sobre sus actividades empresariales.

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