La máxima corte judicial estadounidense ha autorizado al Ejecutivo de Donald Trump a proseguir con la deportación de personas migrantes hacia naciones distintas a sus países de origen, incluyendo destinos como Sudán del Sur y El Salvador. Este fallo representa un avance significativo para la administración republicana en su política migratoria.
Resolución judicial revierte orden previa
La decisión judicial anula una determinación anterior emitida por un magistrado federal, la cual detenía temporalmente el proceso de expulsión de ocho individuos hacia Sudán del Sur. Entre los afectados se encontraban ciudadanos cubanos y mexicanos.
Tricia McLaughlin, subdirectora del Departamento de Seguridad Nacional, manifestó: “¡Que se pongan en marcha los aviones de deportación!”. La funcionaria destacó que el gobierno ahora puede ejercer plenamente sus facultades legales en materia migratoria, tras el resultado del voto dividido del alto tribunal (6-3), donde únicamente los jueces con ideología progresista se opusieron a esta medida.
Polémica por condiciones de seguridad
El fallo judicial de Massachusetts impedía estas deportaciones bajo el argumento de que se violaba el derecho de los migrantes a recibir una defensa legal adecuada, exponiéndolos a posibles situaciones de tortura en destino. La suspensión de dicha orden ha permitido reanudar el traslado de ocho migrantes y once agentes migratorios que permanecían en una instalación aérea en Yibuti.
Según informes oficiales, la permanencia en dicho lugar representaba riesgos para su seguridad debido a posibles amenazas provenientes de Yemen, además de condiciones sanitarias “deplorables” en el lugar.
Justificación gubernamental
El gobierno estadounidense fundamentó su posición ante el tribunal señalando que los individuos involucrados habían cometido delitos “monstruosos” y que sus países de origen se habían negado a recibirlos. De los ocho migrantes deportados, solamente uno provenía de Sudán del Sur, mientras que los demás eran originarios de naciones como Cuba, México, Laos, Birmania y Vietnam.
Existen regulaciones en Estados Unidos que prohíben expresamente la deportación de migrantes hacia lugares donde puedan enfrentar tortura o situaciones de riesgo. Paradojalmente, el Departamento de Estado de ese país ha clasificado a Sudán del Sur como una zona de alto peligro debido a la presencia de conflictos armados, recomendando incluso a sus ciudadanos evitar viajar allí.
Acuerdos internacionales para deportaciones
Este caso forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de Estados Unidos para establecer convenios con otras naciones que acepten recibir migrantes expulsados. Recientemente se alcanzó un pacto con El Salvador para albergar a más de 200 personas en un centro penitenciario del país centroamericano.
El acuerdo con El Salvador, cuyos términos no han sido dados a conocer públicamente, fue negociado entre Trump y su contraparte salvadoreña Nayib Bukele. El pacto contempla un periodo inicial de un año a cambio de una compensación económica de 6 millones de dólares por parte de Estados Unidos.