Diana Flores atraviesa una situación angustiante desde que su hija Dana, de seis años, fue sustraída por su padre el 15 de junio pasado. Ese día, según estableció un tribunal, el hombre tenía derecho a pasar tiempo con la menor, pero al término de la visita no la devolvió y se ausentó con la niña.

“Me quitaron a mi hija y el juzgado está cerrado“, expresa desesperada. La parálisis judicial derivada de un conflicto laboral le ha impedido presentar ante un juzgado de familia la falta de regreso de su hija, dejándola sin recursos legales para actuar.

Violencia vicaria y sistema judicial inoperante

Este episodio encierra características de violencia vicaria, modalidad de violencia de género donde los hijos se convierten en instrumentos de control contra las madres. En este escenario, las niñas y niños no solo son utilizados como herramientas, sino que sufren las consecuencias directas de los conflictos parentales.

El Poder Judicial de la Ciudad de México se encuentra en paro parcial desde el 20 de mayo, cuando empleados de tribunales familiares iniciaron una huelga demandando un aumento salarial del 10 por ciento. El 5 de junio la protesta se extendió a otras dependencias, entre ellas la Ciudad Judicial en la colonia Doctores, dejando miles de casos familiares en suspenso.

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Intentos frustrados de respuesta institucional

La abogada Mariana Estrada, encargada de representar a Diana, denuncia que “el señor aprovechó el paro judicial para sustraer a la niña“. La parálisis judicial impide que se notifique oficialmente al tribunal sobre la no entrega de la menor, situación que el padre utilizó para mantenerla bajo su custodia.

Ante la falta de acción del sistema capitalino, la madre intentó interponer la denuncia en el Estado de México, lugar donde reside el padre de Dana, sin obtener respuesta. Finalmente logró presentar una queja ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, aunque el proceso avanza con lentitud y sin certeza.

Un símbolo de resistencia

Sin respuestas judiciales, Diana mantiene viva la esperanza a través de los recuerdos. Cada día lleva consigo el peluche favorito de Dana, un objeto de felpa que su hija solía acompañarla siempre. “Me da fuerzas“, confiesa con voz entrecortada.

“Pido empatía, porque muchas mamás estamos pasando por esto. Pero también por los niños, porque ser separados así de su mamá es violencia“

El conflicto judicial ha revelado las fallas de un sistema que, al detenerse, expone a los sectores más vulnerables. En este vacío, la violencia vicaria encuentra terreno fértil para expandirse sin control.

Diana no solo busca recuperar a su hija. Su lucha también apunta a garantizar el derecho de ambas a vivir libres de miedo, manipulaciones y la condición de rehenes de una estructura institucional que actualmente no responde.

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Respaldo judicial a regulación de Texas

La máxima corte de Estados Unidos dio su visto bueno a la legislación del estado de Texas que exige comprobar la edad para ingresar a páginas con contenido sexualmente explícito. La votación resultó en seis jueces a favor y tres en contra, estableciendo un marco legal que podría inspirar acciones similares en otras jurisdicciones.

Marco legal y contexto del caso

La controversia surgió del caso conocido como Free Speech Coalition v. Paxton, centrado en la normativa HB 1181. Esta disposición impone la utilización de métodos efectivos para verificar la edad de usuarios que intenten acceder a sitios web con alto contenido sexualmente explícito.

El tribunal justificó su decisión argumentando que las limitaciones al acceso de adultos son secundarias comparadas con la protección que se debe ofrecer a menores frente a material considerado obsceno. El juez Clarence Thomas redactó la opinión mayoritaria, marcando un giro respecto a fallos anteriores como Ashcroft v. ACLU, donde primaba la libertad de expresión sobre regulaciones de contenido.

Tecnología y protección infantil

Los magistrados destacaron que el entorno digital actual, con acceso constante a internet a través de dispositivos móviles y transmisión instantánea, justifica una revisión de enfoques tradicionales. “Ninguna persona, ya sea adulta o menor, tiene derecho a acceder a dichas expresiones sin presentar primero una prueba de edad”, afirmó parte del fallo.

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La Corte enfatizó que los estados tienen autonomía para limitar el acceso de menores a contenido inadecuado, incluso si eso implica que adultos deban verificar su edad. Según el tribunal, estas medidas no eliminan la libertad de expresión, sino que la condicionan bajo justificaciones legítimas.

Precedentes y alcance territorial

La confirmación de la ley texana establece un precedente que podría influir en al menos 21 estados con proyectos o leyes similares. Esto ha llevado a plataformas como Pornhub a suspender operaciones en territorios donde las normativas comprometen la privacidad de los usuarios.

Además, legislaciones en marcha buscan aplicar verificaciones de edad en redes sociales y tiendas de aplicaciones móviles. Un ejemplo es Texas, que recientemente exige a App Store y Play Store verificar la edad de sus usuarios.

Críticas y preocupaciones sobre privacidad

Organizaciones tecnológicas y defensores de derechos digitales advierten sobre riesgos asociados a estos controles, incluyendo vigilancia masiva, almacenamiento inseguro de información sensible y limitaciones injustificadas a contenido legal. Señalan que estas medidas podrían afectar tanto la libertad de expresión como el derecho al anonimato en línea.

La directora ejecutiva de la Free Speech Coalition, Alison Boden, expresó que la decisión tiene un “efecto disuasorio enorme” sobre adultos, “sacrificando la privacidad y seguridad digital a cambio de una protección que no ha demostrado ser efectiva”.

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Alternativas y futuro del debate

Grupos defensores de derechos proponen opciones más equilibradas, como filtros parentales, educación digital y herramientas de supervisión familiar. En su opinión, estas soluciones respetan mejor la privacidad de adultos sin dejar de proteger a menores.

La decisión de la Corte Suprema refleja una priorización del control estatal sobre el acceso a contenido, en contraste con principios tradicionales de libertad individual en internet. La discusión entre seguridad, privacidad y derechos digitales sigue abierta, convirtiéndose en un desafío jurídico significativo para los próximos años.

En el primer semestre de 2025, organizaciones dedicadas al comercio automotriz en Guanajuato registraron treinta asaltos contra unidades que transportaban vehículos nuevos, a pesar de que en el estado se observó una disminución del 50 por ciento en el robo carretero comparado con periodos anteriores. Los asaltos se concentran principalmente en zonas limítrofes con Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí.

Conflicto en rutas estratégicas

El líder de AMDA Guanajuato, Arturo González Palomino, indicó que aunque las estadísticas muestran una mejoría en seguridad, los convoyes siguen siendo blanco de grupos delictivos organizados. “Hemos tenido temas en la frontera con Michoacán, con San Luis Potosí, y en los Altos de Jalisco, esta carretera San Juan de los Lagos, Tepa hasta Guadalajara hemos tenido eventualidades. En estas fronteras hemos de tener unos 30 eventos, contando que somos muchos estados los que colindan y que Guanajuato se ha convertido en un distribuidor industrial muy importante y estas bandas delictivas lo saben muy bien”, explicó.

Acciones de seguridad y sus limitaciones

Según el dirigente, aunque existen esfuerzos por parte de las autoridades como operativos en zonas consideradas de riesgo, estos controles suelen enfocarse en áreas internas del estado, dejando expuestas rutas como la 45 en los Apaseos y la Dolores-San Miguel, donde ya se han presentado tres robos documentados.

En reuniones con el subsecretario Rivera Peralta, se ha buscado mejorar los protocolos de comunicación para responder con rapidez a cualquier situación, aunque “no podemos decir que vamos muy bien todavía”, reconoció González Palomino.

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Impacto económico en el sector

Las consecuencias de estos robos han tenido un impacto directo en el mercado asegurador. Dos firmas nacionales han decidido no ofrecer cobertura para automóviles provenientes de Guanajuato, mientras que las restantes aumentaron el costo de sus seguros hasta en un 60 por ciento.