La capital mexicana enfrenta un resurgimiento en delitos relacionados con armas de fuego, incluyendo homicidios y lesiones dolosas, a pesar de la implementación del programa ‘Sí al desarme, sí a la paz’ que fue expandido a otras regiones del país.

Evolución de la violencia en la CDMX

Desde que comenzó el canje de armas por dinero en efectivo, se observó una reducción temporal en la criminalidad. Sin embargo, desde 2024 y durante los primeros meses de 2025, los índices de violencia han vuelto a incrementar. En 2019 se registraron 1,004 homicidios con armas de fuego, que disminuyeron a 446 en 2022, pero subieron nuevamente a 595 en 2024. Las lesiones dolosas también muestran esta tendencia, pasando de 1,425 casos en 2019 a 627 en 2024.

Expansión del programa y críticas

El 10 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció desde la Basílica de Guadalupe la expansión de esta iniciativa a estados prioritarios como Baja California, Estado de México, Guanajuato, Guerrero y Tabasco. “Este programa ‘Sí al Desarme, Sí a la Paz’ va a hacer historia en el país y va a hacer historia también para enseñarlo al mundo entero, que en México estamos construyendo justicia y estamos construyendo paz”, aseguró Sheinbaum. Por su parte, Clara Brugada destacó que “cada arma canjeada en este proyecto representa un delito menos en el país, una vida salvada”.

Evalúan efectividad del programa

Analistas del sector seguridad cuestionan la eficacia real de estas iniciativas para disminuir la disponibilidad de armas ilegales. “Son programas cosméticos que sirven para la foto. Todos los presidentes, sin excepción, todos los jefes de gobierno y gobernadores han tenido alguna versión de este programa”, señaló Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional. Para 2025, el programa en la CDMX cuenta con un presupuesto de 6 millones de pesos, de los cuales 5.4 millones se destinarán a incentivos económicos para quienes entreguen armamento.

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Desafío fronterizo y mercado negro

Según estudios de la Secretaría de la Defensa Nacional, alrededor de 2.1 millones de armas han ingresado ilegalmente a México en la última década, principalmente provenientes de Estados Unidos. Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, indica que “siete de cada 10 homicidios dolosos se cometen con armas de fuego, y casi el 70% provienen de armerías estadounidenses”. Víctor Hernández propone como solución principal “blindar la frontera con Estados Unidos con la misma intensidad que ellos la blindan de nosotros”, aunque considera improbable su implementación por limitaciones presupuestarias y tecnológicas.

Diagnóstico y propuestas

Los expertos coinciden en la necesidad de abordar múltiples frentes para reducir la violencia armada. Francisco Rivas sugiere “limitar el ingreso de efectivo al país, bloquear esquemas de lavado de dinero, atacar negocios controlados por organizaciones criminales y limpiar instituciones relacionadas con seguridad”. El director del Observatorio Nacional Ciudadano también afirma que “en nuestro país sería imposible cometer la cantidad de delitos y tener los índices de violencia que tenemos si no tuviéramos algún tipo de tolerancia y participación de autoridades”.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha impuesto reserva judicial sobre las actuaciones derivadas de la filtración de datos privados de siete miembros del Gabinete gubernamental. La decisión fue adoptada poco después de recibir el expediente remitido por la Policía Nacional, que desde el jueves investiga los hechos que pudieran implicar riesgos para la seguridad institucional, según confirmaron fuentes procesales.

Datos comprometidos de figuras políticas relevantes

Entre los afectados se encuentran la vicepresidenta primera y responsable de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el titular de Transportes, Óscar Puente; así como los secretarios de Estado de Agricultura, Luis Planas; Ciencia, Diana Morant; Igualdad, Ana Redondo; y Seguridad Social, Elma Saiz. Además, se incluyeron datos de exdirigentes conservadores como Elvira Rodríguez, María Dolores de Cospedal, Rafael Catalá, Isabel García Tejerina y Ana Pastor.

Publicación en plataforma digital con amplia audiencia

El material sensible apareció en un canal de Telegram con más de 92,000 suscriptores, donde un usuario anónimo compartió inicialmente los datos y posteriormente fueron reenviados por otro perfil. De acuerdo con informaciones del diario ‘Público’, esta plataforma digital es conocida por difundir contenidos relacionados con las actividades políticas de Alvise Pérez, así como por emitir críticas al Ejecutivo y promover discursos de intolerancia.

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Resolución judicial en caso de violencia familiar

La representación legal de San Quintín confirmó la resolución judicial que ordena prisión preventiva justificada para Isaac “N”, investigado por presuntos actos de violencia familiar registrados el 15 de junio de 2025 en el Ejido Rubén Jaramillo, perteneciente a la Delegación Camalú.

Intervención policial y hallazgos

Según consta en la carpeta de investigación, al filo de las 22:11 horas de esa fecha, el sistema C5 recibió una alerta sobre un disturbio familiar. Los uniformados llegaron al sitio a las 22:30 horas y encontraron a una fémina con heridas en el brazo izquierdo y la mejilla, quien indicó haber sido atacada por su cónyuge. Autorizada por la afectada, la policía accedió a la vivienda donde hallaron al sospechoso, identificado como Isaac “N”, procediendo a su detención inmediata.

Decisión del tribunal y plazo de investigación

Durante la audiencia del día 18 de junio de 2025, el magistrado de control validó la legalidad del arresto y dictó vinculación a proceso contra el señalado, aplicando prisión preventiva justificada como medida de seguridad. Además, concedió un periodo de investigación complementaria de 60 días, que culminará el 18 de agosto del presente año.

Posición institucional

La institución fiscal reafirmó su compromiso de brindar atención integral a las víctimas de violencia intrafamiliar, destacando su enfoque en perseguir este tipo de conductas delictivas y salvaguardar a los grupos más vulnerables.

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