Dependencia crítica de remesas en América Latina
El flujo de dinero enviado por migrantes representa una fuente de ingresos esencial para numerosas familias en América Latina. Este recurso se utiliza para cubrir necesidades educativas, sanitarias y de infraestructura básica, además de facilitar el desarrollo de microempresas que generan empleos locales. El sistema ha demostrado reducir tanto la pobreza como la presión migratoria al fortalecer las economías locales.
Propuesta republicana y su alcance
La iniciativa impulsada por legisladores del partido republicano contempla aplicar un impuesto del 5% sobre todas las remesas internacionales, afectando específicamente a personas sin autorización migratoria y titulares de visas laborales temporales. Esta medida se inserta dentro de un paquete fiscal que contempla recortes a programas sociales para financiar reducciones impositivas.
El gobierno mexicano ha señalado que “la aplicación de este impuesto afectaría de manera desproporcionada a los trabajadores más vulnerables, muchos de los cuales desempeñan funciones esenciales para el buen funcionamiento de la economía estadounidense”. Destacan que “grabar las remesas implicaría una forma de doble tributación, ya que los migrantes pagan impuestos en el país donde trabajan”.
Contribuciones fiscales de población migrante
Datos del American Immigration Council revelan que hogares liderados por migrantes no documentados abonaron $89.8 mil millones en impuestos durante 2023 en Estados Unidos, incluyendo $33.9 mil millones a nivel estatal y local, y $55.8 mil millones en tributos federales. Esta realidad contrasta con el limitado acceso a servicios públicos que tienen estos grupos comparados con ciudadanos o residentes permanentes.
Desafíos prácticos y éticos
La implementación de este gravamen plantea interrogantes sobre su ejecución operativa, particularmente en torno a la identificación de remitentes indocumentados sin violar normativas de privacidad financiera o incurrir en prácticas de discriminación. Expertos subrayan que las remesas no constituyen un beneficio opcional, sino una herramienta de supervivencia para millones de personas.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y especialistas en políticas migratorias recomiendan al Congreso estadounidense enfocarse en mecanismos que integren a trabajadores indocumentados a la economía formal y agilicen procesos de regularización migratoria, reconociendo la contribución histórica y actual de estos sectores a la economía del país.
