Operación de chantaje sistémico revelada
El exmandatario de Tlalnepantla en Morelos, Ángel Estrada Rubio, enfrentará un juicio formal tras quedar vinculado a proceso por un esquema de extorsiones contra trabajadores municipales. El expresidente del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP) utilizó su cargo entre 2021 y 2024 para implementar un mecanismo de cobros ilegales que afectó a policías, regidores y personal del Ayuntamiento.
Evidencia contundente de la Fiscalía Anticorrupción
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos logró reunir testimonios y documentos que comprobaron las exigencias de dinero por parte del exedil. Las investigaciones demostraron que Estrada Rubio solicitaba pagos de tres mil pesos a los elementos de seguridad para garantizarles sus empleos, además de otros cobros de cinco mil pesos para quienes deseaban incorporarse al sistema de seguridad local.
Reuniones estratégicas para consolidar el esquema
Según la información presentada, el proceso de recolección de dinero se realizaba en reuniones específicas. Una de las más significativas tuvo lugar el 5 de noviembre de 2021 en un inmueble de la calle Brasil número 3 en el Barrio de San Felipe. En este encuentro, Estrada Rubio contó con la colaboración de Arlette ‘N’, futura coordinadora contable del Ayuntamiento, y el encargado del despacho de Seguridad Pública.
Medidas cautelares y restricciones
Aunque ambos imputados continúan en libertad, el sistema judicial les impuso estrictas condiciones. Deben presentarse mensualmente a firmar, tienen prohibida la salida del país sin autorización previa, no pueden aproximarse a los testigos ni acudir a instalaciones del Ayuntamiento o dependencias de seguridad pública.
Impacto en la comunidad laboral
El caso también reveló que el exalcalde aprovechaba su posición para obtener recursos económicos de personas que buscaban empleo dentro de la administración municipal. Como parte de su campaña política, ya solicitaba dinero a posibles colaboradores, creando un entorno laboral basado en el chantaje y la coerción.
“La Fiscalía Anticorrupción presentó pruebas documentales y testimoniales de víctimas, empleados y regidores, a los que también les exigió dinero, confirmando que el exalcalde cometió actos de extorsión contra personas vulnerables con necesidad de empleo; es por ello, que, la jueza decidió vincular a proceso a Ángel ‘N’ y Arlette ‘N'”.
