Legislación preventiva contra agresiones en movilidad urbana
Las diputadas locales del PAN, Frida Guillén y Olivia Garza, han presentado una iniciativa destinada a incluir en el código penal local un nuevo artículo denominado 135 Sextus. Esta disposición busca sancionar con penas de entre dos y siete años de cárcel, junto con multas equivalentes a 500 hasta mil días, a quienes causen lesiones con instrumentos punzocortantes en unidades de transporte público o privado de la Ciudad de México.
El texto legal propuesto especifica que serán considerados delitos los ataques realizados mediante el uso de jeringas, catéteres u otros objetos similares, independientemente de que contengan o no sustancias psicotrópicas, tóxicas o estupefacientes. La finalidad perseguida sería alterar la voluntad de las víctimas o reducir su capacidad de defensa.
Agravantes por victimización de colectivos en situación de vulnerabilidad
El proyecto legislativo establece un agravante del 50% en la condena cuando las víctimas pertenezcan a sectores considerados vulnerables. Entre estos grupos se encuentran menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres. Esta distinción busca proteger especialmente a quienes presentan mayores riesgos en entornos de alta movilidad.
“Estos hechos, protagonizados por agresores desconocidos, representan un grave riesgo a la salud física y emocional de las víctimas. No solo por la incertidumbre de las sustancias que podrían ser inyectadas, sino también por el trauma psicológico que dejan”, advirtió Guillén durante su exposición en el Congreso local.
Contexto de inseguridad en espacios de transporte
La iniciativa destaca que más de 60 casos documentados de este tipo de agresiones han ocurrido recientemente en la capital. Señalan que estos incidentes frecuentemente preceden delitos más graves como abuso sexual o secuestro exprés. La legisladora panista enfatizó que “esta propuesta es un esfuerzo por responder a una forma peligrosa y creciente de criminalidad que se aprovecha de la confianza de las y los usuarios del transporte de personas”.
Guillén destacó que estos ataques generan graves secuelas físicas y psicológicas en las víctimas, además de contribuir a un clima generalizado de inseguridad en los medios de transporte. La diputada enfatizó la necesidad de implementar estrategias complementarias de prevención, vigilancia y orientación ciudadana para combatir el fenómeno.
Convergencia legislativa en materia de seguridad urbana
Esta propuesta se suma a otras iniciativas similares presentadas anteriormente por la diputada priista Tania Larios y la Jefa de Gobierno Clara Brugada. La convergencia entre distintos grupos parlamentarios refleja el creciente interés por abordar este fenómeno delictivo desde múltiples frentes legislativos.
