Judicial
SEPH considera separar de su cargo a directiva involucrada en caso del fallecimiento de Yahir en Pachuca
Joven quitó su vida tras presunto hostigamiento escolar
En el mes de julio del año 2024, un adolescente identificado como Yahir falleció en circunstancias trágicas, situación que sus allegados atribuyeron a un supuesto acoso escolar por parte de una funcionaria educativa. La afectada, conocida como Pilar, laboraba como prefecta en la secundaria general número nueve, ubicada en la colonia La Raza de Pachuca.
Sanción legal y posibles consecuencias laborales
La servidora pública fue condenada recientemente a una pena de dos años de prisión, la cual podría ser sustituida por labores comunitarias, además de recibir órdenes judiciales para emitir una disculpa formal y someterse a un proceso de reeducación. No obstante, los familiares del menor han insistido en la necesidad de aplicar sanciones dentro del entorno educativo, exigiendo la separación definitiva de la acusada de su puesto.
Proceso disciplinario en marcha
El secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdez, reveló que se encuentran en espera del dictamen final del órgano interno de control educativo, organismo que junto con la subsecretaría de Educación Básica ha investigado los hechos. “La aceptación de responsabilidad por parte de la involucrada y la resolución de las autoridades competentes serán elementos determinantes para conocer la sanción que se aplicará”, señaló el funcionario ante representantes de medios de comunicación.
Rechazo a cualquier forma de violencia
El titular de la SEPH enfatizó que no existe tolerancia para actos de violencia en cualquiera de sus manifestaciones dentro del sistema educativo, independientemente de quién los cometa. Afirmó que se respetará el trabajo de los organismos investigadores y que no habrá protección alguna hacia conductas reprobables por parte del sindicato o cualquier autoridad educativa.
Detalles del presunto acoso
Según relatos proporcionados por los familiares del joven fallecido, las acciones atribuidas a la prefecta incluyeron amenazas con retener documentos escolares importantes, impedir el acceso al aula y hacer comentarios humillantes sobre el entorno familiar del alumno, quien contaba con 15 años de edad al momento de los hechos.
“Se investiga con imparcialidad, se permite que los órganos competentes tomen sus resoluciones, pero de parte del sindicato y de ningún funcionario no debe existir la mínima probabilidad de solapar conductas de este tipo”