Judicial
Campeche: hostigamiento a comunicadores, debilitamiento institucional y un sistema judicial complaciente
Ataques a la libre expresión en Campeche
Desde que Layda Sansores San Román asumió la gubernatura de Campeche, periodistas locales denuncian una escalada de violencia institucional incluyendo detenciones arbitrarias, acosos legales, agresiones físicas y hostigamiento digital. La situación ha generado un clima de miedo entre los comunicadores sociales.
Además de las agresiones personales, medios informativos enfrentan cierres forzados al ser privados de recursos públicos destinados a publicidad oficial por no alinear sus contenidos con la narrativa gubernamental.
Periodistas bajo amenaza
El caso más reciente involucra a Jorge Luis González Valdez, exdirector del periódico Tribuna de Campeche, procesado por presuntos delitos de calumnias y discurso de odio contra la mandataria. La jueza Guadalupe Martínez Taboada impuso restricciones que incluyen la prohibición de ejercer el periodismo durante dos años y el cierre de la página digital del medio.
Abraham Alberto Martínez Caamal, director del medio El Reportero del Crimen, ha enfrentado múltiples demandas por parte de autoridades estatales, incluyendo la gobernadora, y ha sido señalado públicamente en el programa oficial “Martes del Jaguar”. “En el gobierno de Layda Sansores es mucho más peligroso ejercer el periodismo en Campeche. Fui el primero en ser denunciado por violencia política de género. Tengo cinco demandas por parte del estado de Campeche, o sea, por la gobernadora, Layda Sansores, por Marcela Muñoz Martínez y del que era presidente del Congreso del Estado, Alejandro Gómez Casarín”, declaró en entrevista con Proceso.
Escalada de violencia
El comunicador Luis Armando Mendoza Leciano, con 46 años de trayectoria profesional, sufrió un ataque con bomba molotov contra su vehículo el 7 de febrero de 2023. “Uno no deja de preocuparse porque estamos viendo que este gobierno está decidido a llamar la crítica y ya vimos que es capaz de hacer uso del aparato judicial para su objetivo. Yo mantengo mi línea crítica, pero no descarto que también me puedan instaurar una demanda por incitación al odio”, expresó.
Enrique Pastor Cruz Carranza, ganador del Premio Nacional por análisis crítico en 2008, ha sobrevivido a tres atentados contra su persona y familia. “Hace dos años, en mayo, regresando de un reportaje de Champotón me tiraron una piedra de cuatro kilos en el parabrisas de noche; mi esposa y yo estamos en el Mecanismo desde hace 10 años, mi casa parece un reclusorio”, relató.
Instituciones bajo control
Según Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, las acciones contra periodistas reflejan un “panorama desolador” con instituciones de derechos humanos y poder judicial “entregados al poder”. “Ante todo esto, ¿dónde están los contrapesos? ¿Dónde están los medios de defensa institucionales de las libertades? En ese sentido el panorama es más desolador. Tenemos un Poder Judicial capturado, incapaz de revertir estas normas. Las comisiones públicas de derechos humanos, incluida la CNDH, están entregadas al poder”, escribió en análisis sobre la situación.