Regulación urgente para proyectos de infraestructura
La titular del Colegio de Economistas de Aguascalientes, Dafne Viramontes Ornelas, emitió una alerta sobre las reformas legales relacionadas con la infraestructura financiada, destacando que si bien ofrecen oportunidades para mantener proyectos trascendentales, requieren mecanismos estrictos de control que eviten compromisos financieros excesivos y obras inconclusas.
La experta en economía enfatizó que este esquema, aunque provee estabilidad a proyectos de desarrollo prolongado, podría restringir la autonomía de administraciones posteriores al condicionar sus posibilidades de inversión en infraestructura: “Estás limitando la capacidad de los demás gobiernos subsecuentes de generar su propia infraestructura y les estás exponiendo un costo, una responsabilidad de ya tener que pagar”, sostuvo.
Aplicación irregular y casos previos
Viramontes Ornelas reveló que en la entidad ya se ha implementado de manera informal el financiamiento de obras públicas sin normativa específica ni acuerdos vinculantes entre gobiernos: “Actualmente estos proyectos de infraestructura sí se financian de esta manera, pero de forma informal, ya teníamos un proyecto que duraba varios años y no es el único”, afirmó, citando como ejemplo emblemático el Hospital Hidalgo y el hospital incompleto en Pabellón de Arteaga.
Para corregir esta situación, sugirió la creación de límites máximos, periodos definidos y normativas de transición que vinculen a diferentes administraciones, así como comités de evaluación integrados por representantes de la sociedad civil, académicos y sectores empresariales encargados de validar los proyectos.
Concentración de contratos y necesidad de apoyo a pymes
La especialista advirtió sobre el riesgo de concentración de contratos en Aguascalientes debido a que muy pocos empresarios locales poseen capacidad para cubrir financiamientos a largo plazo. Para contrarrestar esta tendencia, propuso incentivos que permitan la participación de micro, pequeñas y medianas empresas, además de desarrollar marcos legales secundarios que completen las normativas vigentes.