Internacional
Texas impone barreras legales para la adquisición de bienes inmuebles por ciudadanos y empresas de cuatro países
Nuevas restricciones en propiedad inmobiliaria
El mandatario estatal de Texas, Greg Abbott, ha promulgado una normativa que limita la compra de inmuebles en la región a personas y compañías originarias de China, Irán, Corea del Norte y Rusia. Esta disposición comenzará a aplicarse a partir del 1 de septiembre, manteniendo excepciones para residentes permanentes en EE.UU. y poseedores de visados vigentes cuando la adquisición sea para vivienda habitual.
Marco legislativo y motivaciones
El proceso de aprobación de esta ley superó una duración de dos años, estableciendo que solo se permitirá la compra de viviendas con fines residenciales a extranjeros de estos países. “La intención es evitar que naciones extranjeras hostiles obtengan acceso a tierras texanas”, declaró Abbott, quien justifica la medida por razones de seguridad nacional.
Ámbito de aplicación
La legislación cubre cualquier tipo de propiedad: agrícola, comercial, industrial, residencial y terrenos destinados a actividades mineras o de extracción hídrica. “Buscamos salvaguardar activos de importancia estratégica”, afirmó el gobernador en febrero pasado.
Contexto estadístico y regional
Datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos indican que ciudadanos o empresas chinas controlan aproximadamente 277.336 acres en territorio estadounidense, cantidad equivalente a 1.122 km². Esta cifra representa menos del 1% de los terrenos en manos extranjeras, sin evidencia de propiedad directa por el gobierno chino.
Actualmente 25 estados de la unión han adoptado regulaciones similares, según monitoreo del Committee of 100, con 15 iniciativas legislativas adicionales en proceso. Recientemente, congresistas republicanos han presentado un proyecto para reforzar controles en adquisiciones de tierras agrícolas extranjeras.
Mecanismos de cumplimiento y controversias
La ley habilita al procurador general de Texas para investigar posibles violaciones, catalogadas como delitos graves, aunque permite excepciones en contratos de arrendamiento menores a un año. Diversos grupos han manifestado objeciones, destacando “la posibilidad de profilaxis racial contra extranjeros inocentes”, según señaló Asian Americans Advancing Justice.
Debate sobre seguridad y derechos
En Arizona, la jefa del ejecutivo estatal, Katie Hobbs, rechazó una iniciativa comparable por falta de claridad y riesgo de arbitrariedad, aunque posteriormente apoyó una versión más precisa. “Debemos impedir que el Partido Comunista Chino cree redes de espionaje”, afirmó Michael Lucci de State Armor Action, abogando por extender estas limitaciones a sectores críticos como infraestructura portuaria y energética.