Acción legal federal contra normativa estatal
La administración estadounidense presentó una querella contra el estado de Nueva York por su reciente legislación conocida como “Protect Our Courts Act”, que prohíbe que oficiales federales de inmigración realicen aprehensiones en las cercanías de instalaciones judiciales locales. La demanda, radicada por la Oficina de Asuntos Públicos en representación del gobierno nacional, alega que esta medida contradice la Cláusula de Supremacía establecida en la Constitución de Estados Unidos, que prioriza la autoridad federal sobre las leyes estatales.
Argumentos de la fiscalía federal
La procuradora general Pamela Bondi declaró que “las políticas anárquicas de ciudades santuario son la raíz de la violencia que hemos visto en California, y el estado de Nueva York. Está siguiendo el mismo camino al proteger a inmigrantes ilegales de la detención legal”. La funcionaria destacó que el litigio refleja el compromiso del organismo judicial con la protección ciudadana y el respeto al ordenamiento legal.
Contexto de la norma y medidas migratorias
El gobierno federal considera que esta ley “protege a criminales peligrosos” y “facilita su evasión de la justicia”. La disposición se aprobó en medio de la Orden Ejecutiva 10866, que declaró una emergencia nacional en la frontera sur y dispuso que el Departamento de Seguridad Nacional implementara acciones para reforzar los operativos migratorios, incluyendo los realizados en centros judiciales donde existen protocolos de seguridad que minimizan riesgos de fuga o incidentes violentos.
Ampliación de litigios contra jurisdicciones santuario
La acción legal, firmada por el asistente del fiscal general Brett Shumate, sostiene que Nueva York obstaculiza la labor de las autoridades federales. Esta querella se une a otras acciones judiciales recientes contra entidades consideradas “ciudades santuario”, entre ellas la presentada en mayo contra múltiples jurisdicciones en Nueva Jersey.
