Resolución desfavorable en litigio internacional
La máxima instancia judicial de Estados Unidos falló en contra de la acción legal promovida por el gobierno mexicano en su disputa con empresas fabricantes de armamento estadounidenses. El fallo unánime, emitido el 5 de junio de 2025, puso fin al proceso iniciado hace cuatro años en el que se reclamaban compensaciones económicas por concepto de daños y perjuicios.
Marco legal que limita acciones legales
El fallo de la Corte Suprema se fundamentó en disposiciones legales establecidas mediante la normativa federal conocida como PLCAA. Esta legislación, vigente desde 2005, establece protección legal para productores de armas de fuego en determinadas circunstancias. La magistrada encargada de redactar el documento oficial del tribunal, Elena Kagan, destacó que dicha norma imposibilitaba el avance de la acción legal.
Posiciones gubernamentales
El Ejecutivo mexicano manifestó su posición sobre el desenlace del caso, indicando que se trata de “dos juicios” diferentes. La titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, señaló la necesidad de tiempo para analizar detalladamente la decisión judicial, afirmando que “Vamos a ver cuál es el resultado y les informamos”.
Argumentación rechazada
Las autoridades mexicanas habían basado su estrategia legal en una excepción contemplada dentro de la propia legislación estadounidense. Esta disposición permite presentar demandas cuando existen violaciones flagrantes a normas relacionadas con control de armas que causen afectaciones directas. Aunque un tribunal inferior había permitido el avance del caso, la Corte Suprema revirtió esta decisión.
Actores involucrados en el litigio
Entre las entidades que apoyaron la defensa de las empresas armamentísticas estadounidenses figuraron organizaciones prominentes como la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y la Coalición de Política de Armas de Fuego. También participaron representantes del Partido Republicano, más de tres decenas de legisladores de esta fuerza política, veintiséis fiscales estatales republicanos y la Cámara de Comercio de Estados Unidos.
Empresas señaladas
La acción legal inicial incluía a siete fabricantes de armas y un distribuidor mayorista, entre los que se encontraban corporaciones reconocidas como Smith & Wesson y Glock. Señalaba que estas compañías no implementaron controles suficientes para impedir que sus productos fueran utilizados por grupos delictivos organizados. Aunque la mayoría de los casos contra estas empresas habían sido desestimados previamente por otras razones procesales, dos de ellas permanecieron en litigio hasta la resolución final.
