Decisión judicial sobre detenciones en El Salvador
Un juez federal radicado en la capital estadounidense ha dictado una orden que obliga al Ejecutivo de Donald Trump a permitir que individuos trasladados a un penal de alta seguridad en El Salvador durante los días 15 y 16 de marzo puedan presentar recursos legales para impugnar su situación.
Detalles del fallo judicial
La sentencia del magistrado James Boasberg establece que las autoridades estadounidenses deben garantizar a estos individuos la posibilidad de acudir ante tribunales para cuestionar las razones de su detención. “El Gobierno debe facilitar a la clase la posibilidad de solicitar el amparo para impugnar su expulsión en virtud de la ley”, señaló en su resolución.
Ámbito de aplicación del fallo
La medida se aplica específicamente a “personas no ciudadanas […] que fueron retiradas de la custodia de Estados Unidos y trasladadas al Centro de Confinamiento por Terrorismo (CECOT) en El Salvador los días 15 y 16 de marzo de 2025, en virtud únicamente de la proclamación presidencial titulada Invocation of the Alien Enemies Act Regarding the Invasion of The United States by Tren De Aragua”.
Contexto de la decisión judicial
Esta determinación se produce después de que la Corte Suprema revocara anteriormente una orden del mismo juez que había suspendido la expulsión de presuntos miembros de una organización venezolana. “Independientemente de si los detenidos solicitan formalmente la liberación del confinamiento, dado que sus solicitudes de amparo implican necesariamente la invalidez de su confinamiento y expulsión bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA, en inglés), sus solicitudes se enmarcan en el núcleo del recurso de habeas corpus y, por lo tanto, deben interponerse mediante habeas corpus”, destacaron los jueces.
Derechos procesales para detenidos
El fallo también establece que las personas arrestadas bajo esta normativa deben recibir garantías procesales relacionadas con los plazos legales. “La notificación debe ser proporcionada dentro de un plazo razonable y de tal manera que les permita solicitar el amparo de habeas corpus en la jurisdicción correspondiente antes de que dicha expulsión ocurra”, indicaron los magistrados.
Antecedentes del caso
Esta sentencia revierte órdenes previas del juez Boasberg que habían frenado la medida el 15 de marzo durante el proceso judicial. La acción legal original fue presentada por cinco ciudadanos venezolanos, y el magistrado la extendió provisionalmente a todos los venezolanos bajo custodia estadounidense que no poseen nacionalidad estadounidense.
Polémica clasificación gubernamental
La administración Trump comunicó en febrero su decisión de catalogar al grupo como organización terrorista, argumentando que sus miembros habían ingresado ilegalmente a Estados Unidos. El Ejecutivo sostiene que esta banda opera como una extensión del gobierno venezolano liderado por Nicolás Maduro, una afirmación que ha generado controversia.
Uso de la Ley de Enemigos Extranjeros
El presidente Donald Trump aplicó la Ley de Enemigos Extranjeros, normativa que solo puede ser utilizada ante “invasiones con incursiones depredadoras”. Con esta base, el gobierno estableció que los presuntos miembros de esta organización podían ser aprehendidos y expulsados inmediatamente sin que los tribunales pudieran evaluar si procedía la aplicación de dicha ley o si los individuos eran realmente parte del grupo. Los abogados de los afectados han señalado que el sistema de puntos utilizado para identificar a los miembros contiene graves defectos, incluyendo la consideración de tatuajes como criterio de selección, lo que ha llevado a errores en la identificación.
