Discusión por acceso a áreas naturales protegidas
Desde el inicio de 2024, un colectivo de extranjeros establecidos en Tulum ha manifestado públicamente su descontento frente a la política de acceso al Parque Nacional del Jaguar. Este grupo demanda igualdad de condiciones con los ciudadanos mexicanos en cuanto al ingreso libre a playas como Paraíso, Las Palmas y Santa Fe, incluidas dentro del espacio natural protegido desde 2024. La situación cobra relevancia con la llegada de la temporada vacacional.
El régimen de acceso establece diferencias claras: los residentes locales acceden sin costo presentando identificación oficial, mientras los extranjeros y mexicanos no radicados en Quintana Roo deben pagar entre 255 y 415 pesos. El alcalde Diego Castañón ha defendido esta política como mecanismo para proteger el entorno natural y garantizar que el turismo no afecte a los habitantes permanentes.
Requisitos para obtener beneficios
Para acceder al ingreso gratuito, las autoridades locales exigen cumplir con tres condiciones básicas: tener residencia legal en México, mantener estatus migratorio regularizado y contribuir al sistema fiscal mediante el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Estos requisitos excluyen a muchos extranjeros que, aunque viven en Tulum de manera permanente o temporal, no han completado los trámites necesarios para convertirse en residentes legales.
Según estadísticas oficiales, únicamente el 5.1% de los habitantes legales del municipio son extranjeros, lo que equivale a 2,336 personas. No obstante, estimaciones señalan que el número real podría superar las 10,000 personas, incluyendo a quienes renuevan sus estancias para evitar obligaciones fiscales.
Contexto del Parque Nacional del Jaguar
El Parque Jaguar, creado oficialmente en septiembre de 2024 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, forma parte de un ambicioso plan de desarrollo que incluye el Tren Maya. Su establecimiento permitió iniciar cobros en playas anteriormente abiertas al público, aplicando el mismo esquema de tarifas diferenciadas.
Las autoridades justifican esta política como una medida de conservación y equidad.
“El acceso gratuito no es un derecho universal, sino un beneficio exclusivo para quienes forman parte activa de la comunidad y aportan al sostenimiento del municipio”
, explicaron funcionarios responsables.
Polémica sobre derechos de acceso
La implementación de este esquema ha generado debate sobre la equidad en el acceso a espacios naturales protegidos. Mientras algunos sostienen que las playas deberían ser patrimonio común de todos los ciudadanos, las autoridades locales insisten en que los beneficios deben reservarse para quienes contribuyen directamente al desarrollo y preservación del área.
