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Atrapados dos responsables de explotación laboral en proyectos de viviendas vacacionales en Alicante

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Operativo policial desmantela red de empleo irregular

Durante un procedimiento especial en Alicante, fuerzas de seguridad arrestaron a dos individuos de 55 y 34 años acusados de utilizar trabajadores extranjeros en condiciones ilegales para reformar propiedades destinadas a alquiler turístico. La acción fue coordinada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras junto con la Inspección de Trabajo.

Descubrimiento de condiciones laborales precarias

Agentes hallaron catorce empleados provenientes de América Latina y Europa del Este realizando labores de construcción sin contratos laborales formales. Trabajaban nueve horas diarias de lunes a viernes, recibían 75 euros en efectivo por jornada y no estaban registrados en el sistema de Seguridad Social. Ocho de ellos carecían de documentación legal para residir en el país.

Explotación en obra de apartamentos turísticos

Según el informe oficial de la Policía Nacional, las investigaciones comenzaron tras recibir alertas sobre posibles actividades ilícitas relacionadas con la utilización de personal extranjero sin permisos. Los operativos revelaron que trabajadores de origen latinoamericano accedían a los sitios con vestimenta laboral, mientras que en una segunda ubicación se encontraron obreros del este europeo en circunstancias semejantes.

Vivencia en condiciones insalubres

En uno de los inmuebles inspeccionados, las autoridades encontraron a tres empleados sin documentos migratorios adecuados durmiendo sobre colchones directamente en el suelo del edificio en construcción. La falta de instalaciones sanitarias básicas y la conexión de múltiples electrodomésticos a una sola toma eléctrica evidenciaron las precarias condiciones de vida.

Ampliación de las irregularidades

Los registros posteriores revelaron un obrero más sin contrato de trabajo y una mujer que previamente había realizado tareas de limpieza. En la segunda obra inspeccionada, diez trabajadores entre 20 y 43 años desarrollaban sus funciones sin medidas de seguridad, adquiriendo personalmente los materiales necesarios para sus labores. Tres de ellos carecían de permisos legales de residencia y todos desconocían sus derechos laborales básicos.

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