Rechazo a la acción estatal
La empresa de criptomonedas Coinbase está solicitando que un tribunal federal asuma el control de la demanda presentada por el Fiscal General de Oregon, Dan Rayfield. La compañía argumenta que esta acción judicial representa una intromisión en las competencias regulatorias federales sobre activos digitales.
En un documento presentado recientemente, la plataforma califica la demanda como un “apropiamiento regulatorio” y afirma que Oregon está intentando establecer un marco normativo independiente que contradice los esfuerzos bipartidistas a nivel federal para regular el sector criptográfico. La acción legal, iniciada en abril, acusa a Coinbase de operaciones con valores no registrados.
Cuestionamiento a la autoridad estatal
La empresa destaca que la jurisdicción sobre transacciones de valores en Oregon corresponde a la División de Regulación Financiera, no al Fiscal General. “El Fiscal General busca extender su limitada autoridad de ejecución más allá del límite para instalarse como el comisario de las criptomonedas para Oregon y más allá”, señala el escrito.
Ryan VanGrack, vicepresidente legal de Coinbase, indicó en declaraciones que “un Fiscal General solitario está intentando inhibir la claridad regulatoria y obstaculizar la libertad de los consumidores para elegir cuándo y cómo invertir en criptomonedas”.
Contexto federal y político
El intercambio destaca que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) retiró su acción contra ellos en febrero, poco después de la toma de posesión del presidente Donald Trump. La empresa realizó una contribución de $1 millón al comité inaugural de Trump.
VanGrack rechazó que la disputa sea exclusivamente un tema partidista, señalando que “estados de diversas inclinaciones políticas han desestimado o no han perseguido acciones similares”. Mencionó casos en Vermont, Kentucky e Illinois, donde se abandonaron litigios relacionados con criptomonedas.
Posición firme de Coinbase
La compañía mantiene una postura intransigente ante el caso, asegurando que no abandonará el mercado de Oregon voluntariamente. “No nos vamos a retirar del estado a menos que se nos exija”, afirmó VanGrack, quien calificó las motivaciones detrás de la demanda como “transparentes” y aseguró que “no se trata de la ley, ni del deseo de ayudar a los habitantes de Oregon. Se trata de la política”.
