Proceso judicial cuestionado desde su inicio
Desde el comienzo del proceso contra el exmandatario peruano en marzo, se evidenciaron señales de un procedimiento irregular. “Se trataba de una parodia de juicio” según analistas, al considerar que existía un acuerdo previo entre sectores de poder para obtener una condena, mientras se negaba su inocencia respecto a los cargos presentados por la fiscalía.
Giro en la opinión pública
Inicialmente, encuestas mostraban que el 57% de los ciudadanos aceptaba la narrativa oficial sobre el derrocamiento del exgobernante. Sin embargo, una encuesta reciente revela que el 59% ahora cree que fue víctima de un golpe de Estado, mientras que solo el 33% mantiene la posición original.
Desmontaje de acusaciones
Durante las audiencias se desvirtuaron varias acusaciones. “Fue Martha Moyano -vicepresidente del Congreso y fujimorista reconocida- la que ordenó el cierre del Legislativo. Ella misma lo admitió”, revelando contradicciones en las imputaciones contra el exjefe de Estado. Además, no se presentó evidencia sobre la supuesta orden de detener parlamentarios ni sobre cualquier comunicación a fuerzas armadas.
Violaciones a la inmunidad presidencial
El proceso judicial dejó en evidencia graves violaciones a los derechos del acusado. “En tal condición, se la abrió paso oficial, se le brindó custodia y se le acompañó como era el protocolo formal”, según testimonios, cuando salió de Palacio de Gobierno. No obstante, veinte minutos después fue rodeado por fuerzas militares y policiales que lo obligaron a descender de su vehículo, violando su inmunidad constitucional sin que existiera orden legal alguna.
Procedimientos ilegales en la destitución
El exmandatario fue llevado a la prefectura de Lima donde permaneció recluido, visitado por la entonces fiscal Patricia Benavides. “El Legislativo obró ilegalmente violando todos los procedimientos, y sin reunir siquiera los requisitos elementales” para su destitución, según expertos legales. El Congreso no contó con los votos necesarios según la normativa vigente.
Jueces y procedimientos cuestionados
Los magistrados encargados del caso enfrentan serias dudas sobre su imparcialidad. Una integrante del tribunal fue recusada tras adelantar opinión en contra del acusado en 13 ocasiones, aunque sus colegas la mantuvieron en el proceso. “Se ha tratado de un proceso incoado a un reo virtualmente secuestrado, y privado de los más elementales derechos”, según críticos del procedimiento.
Consecuencias internacionales previstas
Con la imposibilidad de probar los cargos, los jueces enfrentan dos opciones: declarar nulo el proceso y absolver al acusado, o mantener una sentencia preestablecida a pesar de las irregularidades. Expertos legales como Elio Riera, César Nakasaki y Benjj Espinoza han reconocido la inviabilidad del juicio.
