Sentencia histórica para derechos de consumidores
El Juzgado de Primera Instancia número 67 de Madrid ha emitido una sentencia que marca un precedente importante en la protección al consumidor, obligando a Sony Mobile Communications Iberia S.L. a reintegrar 699 euros correspondientes a un teléfono móvil defectuoso y 180 euros por un segundo dispositivo que el cliente tuvo que adquirir debido a la negativa de la empresa por resolver el problema.
Problemas desde el primer año
El dispositivo, comprado en diciembre de 2015 a través del sitio web oficial de Sony, comenzó a presentar fallas en el puerto de carga menos de doce meses después de su adquisición. La empresa se negó a repararlo bajo garantía, alegando que el usuario lo había golpeado o maltratado, afirmando incluso que el aparato llegó “doblado”. Sin embargo, el tribunal consideró que esta justificación no tenía fundamento.
Oferta de sustitución rechazada
Durante el proceso legal, Sony propuso entregar un teléfono de reemplazo, pero el cliente lo devolvió de inmediato porque no cumplía con los requisitos básicos: no era nuevo, faltaban accesorios como cargador y manuales, y carecía de garantía. Esta acción fue calificada por el juez como un incumplimiento grave de los términos de la garantía extendida.
Reconocimiento de daños adicionales
El fallo, fechado el 31 de marzo de 2025, no solo ordena la devolución del dinero por el dispositivo defectuoso, sino también el reintegro de los 180 euros que el consumidor gastó en un segundo teléfono que tuvo que adquirir provisionalmente. “La sentencia representa un avance en la protección jurídica del consumidor, al reconocer no solo el defecto de origen del terminal, sino también los perjuicios adicionales ocasionados por el incumplimiento de la marca”, destacó Mario Rodríguez López, abogado de Legalion, que representó al demandante.
Importancia del fallo judicial
El magistrado validó la demanda del cliente que solicitaba recibir el dispositivo totalmente reparado y bajo garantía, o en su defecto, el reembolso de los 699 euros o el regreso del equipo sin arreglo junto con el costo de la reparación estimado en 430 euros. Esta decisión refuerza el principio de compensación integral por daños derivados de garantías comerciales incumplidas, pudiendo establecer un referente para futuros casos similares.
