Juicio histórico sobre manipulación de emisiones
Cuatro exejecutivos de la empresa automotriz Volkswagen enfrentaron sentencias judiciales por su participación en el escándalo relacionado con la manipulación de emisiones en motores diésel, conocido globalmente como ‘dieselgate’. El Tribunal Regional de Braunschweig dictó sus veredictos durante una audiencia celebrada el lunes, marcando el primer desenlace penal en esta larga investigación.
Diversas penas por irregularidades comprobadas
El exdirectivo Heinz-Jakob Neusser fue condenado a una pena de un año y tres meses de prisión condicional. Otro ejecutivo identificado como Jens H. recibió una sentencia más severa de 4 años y medio de cárcel, acusado de alterar ilegalmente el software en más de 2 millones de automóviles. Los exaltos mandos Hanno J. y Thorsten D. fueron sentenciados a 2 años y 7 meses, y 1 año y 10 meses respectivamente, todos ellos negando inicialmente las acusaciones formuladas.
Contexto del caso y dimensiones del fraude
Las autoridades alemanas iniciaron las investigaciones en 2019, centrándose en la existencia de programas informáticos diseñados para falsear los resultados de emisiones en los vehículos. Inicialmente se estimaba que afectaba a 9 millones de unidades comercializadas en Europa y Estados Unidos, aunque durante el proceso judicial el número se ajustó a alrededor de 4 millones de automóviles.
Funcionamiento fraudulento de los dispositivos
Según el análisis judicial, los automóviles incorporaban dispositivos especiales que modificaban las emisiones dependiendo del entorno de prueba.
“En la calle, en un escenario de ‘conducción real’, las emisiones de óxido de nitrógeno tóxico eran mucho más altas que durante las pruebas”,
detalló el dictamen judicial. Esta manipulación generó consecuencias ambientales significativas y dañó la reputación de la marca.
Impacto económico y consecuencias corporativas
El escándalo, que salió a la luz pública en 2015, provocó la salida inmediata del entonces consejero delegado Martin Winterkorn. La empresa ya había cerrado un acuerdo con las autoridades alemanas en 2018 mediante el pago de 1.000 millones de euros. Hasta la fecha, las pérdidas totales por este caso superan los 33.000 millones de euros, incluyendo sanciones y litigios pendientes.
