Contexto del evento académico
La octava edición del evento académico organizado por la Universidad Autónoma de Sinaloa enfrentó una situación inesperada cuando se limitó la participación estudiantil respecto a las decisiones judiciales en un caso ambiental relevante. El entorno educativo se convirtió en escenario de discusión sobre la construcción de una instalación industrial en la zona portuaria de Topolobampo.
Intervención del juez en cuestión
El juzgador federal José Francisco Pérez Mier participó en el foro explicando aspectos de un proceso legal relacionado con el recurso de garantía, revelando detalles sobre sus resoluciones consideradas controvertidas. Estas determinaciones favorecieron a una empresa energética mientras afectaban a grupos indígenas y comunidades dedicadas a la pesca que rechazaban la instalación industrial por riesgos ambientales.
Cuestionamiento estudiantil y reacción del juez
Una participante del colectivo opositor, Clausia Quintero Sandoval, originaria de Ohuira y activa en movimientos sociales, interrogó al juzgador sobre sentencias que impactaron negativamente a productores agrícolas de El Carrizo. El magistrado inicialmente manifestó desconocer el caso y posteriormente rechazó responder bajo el argumento de que se trataba de su ponencia oficial.
“Hay mecanismos para debatir, pueden promoverlos”, aseguró.
Interrupción del debate y controversia
La tensión creció al abordarse presuntas conexiones políticas del funcionario judicial con autoridades locales favorables al proyecto industrial. El responsable académico Tomás Velásquez León intervino para frenar el intercambio, recibiendo el micrófono del propio juzgador para detener la discusión. La activista señaló que esta acción le negó la posibilidad de aclarar dudas sobre posibles sesgos a favor de intereses empresariales.
