Un magistrado del estado de Massachusetts emitió una orden judicial obligando al gobierno estadounidense a garantizar la repatriación de un ciudadano guatemalteco que fue expulsado hacia México, a pesar de haber obtenido una protección humanitaria dictada por un tribunal de inmigración en febrero.
Decisión judicial violada
El afectado, cuyas iniciales son O.C.G., fue deportado durante el periodo presidencial de Donald Trump. El juez Brian Murphy determinó que esta acción vulneró una resolución judicial anterior, informó la agencia EFE. La deportación se produjo incluso después de que un tribunal hubiera reconocido que su retorno a Guatemala implicaba un riesgo para su vida por su condición sexual.
Peligro por su orientación sexual
El migrante manifestó ante las autoridades que su identidad homosexual lo ha hecho víctima de violencia y abuso tanto en Guatemala como en México, incluyendo un caso de violación. El magistrado afirmó que el gobierno estadounidense cometió una grave irregularidad al proceder con su expulsión, exigiendo que “adopte todas las acciones inmediatas para permitir su regreso a Estados Unidos”, incluyendo la colaboración con sus abogados representantes.
Antecedentes en otras deportaciones
Este caso no es aislado. El mismo juez Murphy frenó recientemente la expulsión de ocho migrantes, entre ellos ciudadanos cubanos y mexicanos, hacia Sudán del Sur. Aunque el gobierno permitió el vuelo, aclaró que permanecen bajo custodia federal en Yibuti. Otro caso destacado es el de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado en marzo a pesar de poseer una orden de protección. La administración Trump atribuyó el error a un fallo administrativo.
Uso de legislación controvertida
Se ha señalado que la administración Trump ha utilizado una ley de 1942, denominada Ley de Enemigos Extranjeros, para justificar deportaciones aceleradas. Esta normativa fue aplicada para deportar al venezolano Daniel Lozano Camargo, acusado sin evidencia sólida de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.
Alertas de organizaciones civiles
Entidades defensoras de derechos humanos y especialistas legales han manifestado preocupación por estas prácticas, consideradas violatorias de garantías judiciales, especialmente para migrantes en situación vulnerable por su etnia, género, edad o preferencia sexual. Grupos civiles han solicitado al gobierno estadounidense cumplir las decisiones judiciales y proteger la seguridad y dignidad de las personas migrantes.
